jueves, 29 de diciembre de 2011

LA CASTA






No es raro encontrar en cada español la sensación de que los políticos de nuestro país no llegan a ser demasiado honestos. Sin ir más lejos, la última encuesta del CIS publicada en setiembre nos muestra que para los españoles, la clase política y los partidos son el tercer problema relevante del país después del paro y las cuestiones económicas. Cabe preguntarse pues, si ésa es la concepción que tiene la sociedad sobre sus representantes, ¿porqué sigue manteniéndose el mismo tipo de sistema?

Por mucho que nos pese, este hecho forma parte de la cultura de los españoles y no es difícil encontrar a lo largo de la historia anécdotas sobre esta característica. Que España no se hundiera en la miseria dependió prácticamente de su influencia en la conquista de América, suena duro, suena simple, pero esas son las conclusiones a las que acaban llegando la mayoría de historiadores. Influencia que acabó perdiendo por otra parte al no poder gestionar, por la magnitud del territorio, el continente americano.

Para entonces en españolito de a pie ya se sentía orgulloso de su nación, dando paso a los Hidalgos de Castilla unos siglos más tarde. Estos señores se aferraban a los títulos nobiliarios que habían conseguido a través de favores con la nobleza o gobernantes, y los mantenían a capa y espada así como lo intentaban con su estatus, aunque no tuvieran pedazo de pan duro que llevarse a la boca.

Pero no hace falta irse tan lejos, no era de extrañar encontrarse a principios del S.XX con el caciquismo en los campos españoles. Los caciques eran los “señores” amigos de los señores que en ocasión eran amigos de los grandes señores. Éstos por un sueldo se encargaban de mantener en vereda a los campesinos: custodiaban los campos, se llevaban las cosechas a modo de impuesto y arancel y coaccionaban o amenazaban para facilitar el llamado “voto desde arriba”. Esto es, aunque la población tuviera cierto derecho a votar, de su voto dependía hundirse en la miseria, quedarse sin campos o recibir los merecidos físicos “pertinentes”. Ellos colocaban a los alcaldes y controlaban la justicia así como demás funcionarios públicos. Su misión a parte de controlar las tierras era la de conseguir que los candidatos a ministro resultaran elegidos en las elecciones, por lo que tenían la proteccion de los gobernadores civiles, la justicia y demás órganos públicos de poder. Por algo se les llegaría a llamar “El partido de la porra”.

Hoy en día, aunque cubierto por el tupido velo de la democracia no ha cambiado demasiado el escenario. No es difícil encontrar ramificaciones familiares en todos los ambientes políticos españoles y por ende, europeos, así como relaciones política-bancarias de amistad. La burocracia imperfecta del país funciona en este caso a la perfección, dándonos un total de unos 80.000 políticos activos. Por si fuera poco, no hay ninguna institución española que se encargue de precisar el número de los que cobran del estado sin estarlo. Para ser más gráficos y amenos vamos a mostrar unos cuantos datos extraídos del libro “El chollo de la casta política en España”, de Daniel Montero que, sin duda, dejaría sin habla a más de uno.

Según el autor, mientras un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias de unos 74.000 euros que además no són incompatibles con otros sueldos de la administración o actividades económicas. Un diputado o Senador sólo tiene que ejercer durante 7 años para cobrar la pensión máxima, mientras que un español tiene que cotizar un mínimo de 35. Además hacienda sólo les retiene un 4,5 % de la nómina.

Por si fuera poco, somos los españoles los que pagamos las multas (y con recargo) que el DGT les pone, así como viajes de ocio alegando excusas, como por ejemplo, el viaje que pidió el Congreso para que 60 diputados viajaran a canarias cuatro días para “estudiar el cultuvo del plátano”. Por otra parte, Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales y viaja con 100 personas durante tres semanas, como un marahá.

Jose María Aznar es el único expresidente del gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio de sentarse en el Consejo de Estado (74.000 € anuales), nómina que quiso sumar a la del ejecutivo Robert Murdoch y le fue denegada. Aún así salió beneficiado optando por un sueldo de 220.000 euros al año (tres veces más de lo que cobraba como presidente) sin contar otras actividades públicas o privadas.
Disponen de 5.000.000 de euros al año para utilizar aviones, trenes o barcos del Estado a su antojo. No tienen límite para el gasto en comidas de representación ni fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava.

Por esto y por mucho más no podemos sentirnos culpables ni causantes de la crisis, porque hemos comprado aquello que nos han querido vender y ellos son los menos austeros. Aún así, no podemos olvidar que hemos sido nosotros los que lo hemos permitido.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Artículo final sobre el sindicalismo en España (más ameno y breve)




Qué sorpresa llevamos en el cuerpo desde Mayo, ¡olas de indignación se agitan y convulsionan sociedades desde todas las partes del globo! La gente parece haber despertado y con ello una nueva sed de conocimientos, ánsia de saber cómo deberían ser las cosas y qué medidas se deberían tomar para vivir en un mundo más sostenible, justo y armonioso, sin tantas distancias entre las personas ni barreras que impidan el derecho de vivir dignamente. 

Vivimos una situación que ya se hace insostenible: élites blindadas especulando con alimentos, agricultura extensiva, empresas transnacionales provocando la precariedad laboral siguiendo el principal lema capitalista: “máximo beneficio al mínimo rendimiento”, ¡no puede ser normal que los vasos vengan de Brasil y que las locutoras de telefónica nos respondan desde latinoamérica!... todo efectos de la maldita globalización y de la economía política, aunque más que de ellas, de la incosciencia social que se tiene a la hora de gestionar los recursos que obtenemos.

Estoy contenta y como muchos pienso ¡Ya era hora!, y por eso he creído necesario tratar el tema del sindicalismo, porque sin planteárnoslo, una gran fuerza sindical es capaz de transformar la política de un país, poniéndola realmente al servicio de los ciudadanos y sin castigar tanto el gasto público como lo hacen los gobiernos de nuestro país.

Sindicato y Patronal son palabras conocidas por todos, ahora bien ¿es real la imagen que tenemos en mente sobre su significado? ¿Hasta qué punto afecta la fuerza o debilidad del sindicalismo en la política de un país? ¿Puede éste ser una fuerza positiva y necesaria para la democracia? Comúnmente vemos cómo sus representantes españoles salen en prensa o televisión pero no acabamos de adivinar qué es exactamente lo que hacen y a qué se dedican (me refiero, por supuesto, a los sindicatos mayoritarios y/o subvencionados).

La idea de que los sindicatos están ahí para proteger los derechos de los trabajadores, debatir acuerdos con los empresarios e interponerse entre las medidas laborales que propone el gobierno es, en teoría, una realidad. Y digo en teoría porque los resultados de la práctica dependen mucho de cómo se utilice la fuerza sindical.

En este artículo se va a ofrecer un breve análisis sobre el sindicalismo en España y veremos hasta qué punto es importante para fomentar las políticas sociales y por ende, de los ciudadanos.

Según la RAE, un sindicato es:

1.m.Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros.


Entonces, ¿qué es lo que falla?

La mayoría de nosotros (y es una costumbre que debemos evitar), solemos hacernos ideas preconcebidas de cómo són o funcionan las cosas a partir de un esquema simplificado de datos. O lo que es lo mismo: "Yo con pocas definiciones/opiniones me conformo", o “eso pasa en todas partes por igual y desde siempre, es lo normal”. Lo que no tenemos en cuenta es que al igual que la putería de la letra pequeña al pedir la hipoteca, muchos temas tediosos o dados por supuestos en la vida diaria tienen poco que ver con lo que realmente 
creémos que deberían ser.



En el caso de los sindicatos no podemos darnos el lujo de dar por hecho el papel real que ejercen en España, pues expertos en diferentes campos (sociología, política, historia) afirman que sus agentes sociales no ejercen ninguna competencia que pueda ayudar a cambiar el curso político del país en favor de los ciudadanos. Debemos tener en cuenta que, a diferencia de en otros países donde sí funciona el sindicalismo como en Suecia o Noruega (donde la afiliación supera el 80% y por lo tanto, son los ciudadanos los que deciden sus leyes), el sindicalismo en España no tiene prácticamente afiliados (menos de un 5%) y lo que es más relevante, se creó en condiciones muy distintas.

Muchos no estábamos y otros no se acuerdan, pero basta con saber que fue justo después de una dictadura, durante la transición, cuando se crearon los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO). Sus normativas se establecieron con efectos en principio temporales y como causa de la situación política a la que el país se enfrentaba. Había vuelto a resurgir la izquierda con toda su fuerza y eso espantó al rey y a los gobernantes de la época, que vieron posible el hecho de que por las circunstancias dadas en los últimos años, ésta se podía radicalizar.


 El sindicalismo tal y como estaba estipulado debía cambiarse tras pasar esta fase, en cuanto se estabilizase la situación política del país. En cambio, los principales sindicatos se establecieron creando relaciones de dependencia de recursos frente al estado en motivo de subvenciones, locales públicos, sueldos y demás gastos que, por conveniencia interna, nunca más se volvieron a replantear. Esta dependencia de recursos se han ido perpetuando por inercia a lo largo de los años gracias a su propaganda en los medios, la foto de costumbre y la publicación de estadísticas favorables que se achacaban falsamente a sus funciones a partir de lo que en sociología se le llama “mito de racionalización”.

Una de las causas por las que el sindicalismo no tiene efecto en nuestras políticas son las dos premisas básicas para que se dé la real eficacia sindical en cualquier país: la primera, cualquier sindicato debe de ser totalmente independiente del gobierno para poder actuar como representante REAL de los ciudadanos y así ofrecer presión como intermediario entre éstos y las medidas que pretenda adoptar el gobierno, y la segunda, que deben tener una alta afiliación por parte de la población de dicho país, representar a la totalidad de los ciudadanos en armonía como si formaran parte de una sola institución y sin conflictos internos (algunos conoceremos las tensiones de UGT y CCOO), pues esa es su principal premisa.

Como colofón, las cúpulas sindicales no tiene relación ninguna con sus bases ni con los comités de empresa, que serían los representantes más cercanos a los trabajadores, impidiendo este hecho la organización eficaz para llegado el caso, poder tomar medidas.

No nos engañemos, en el caso de España los sindicatos actualmente están secuestrados. Pues a parte de ofrecer estadísticas y convocar huelgas, no tienen poder real para parar la aprobación o modificación de nuevas leyes o exigir referéndums, hechos que en otros países forman parte del sistema rutinario. No se les tiene en cuenta a la hora de la toma de decisiones importantes dado que no son independientes del gobierno y por lo tanto, no pueden pactar como fuerza intermediaria.

Por muy buena que sea nuestra intención participativa, apoyándolos estamos contribuyendo a que esa dependencia continúe perpetuándose.

Con esto he querido decir que es MUY IMPORTANTE solucionar este problema cuanto antes y sanear el sindicalismo español, pues de funcionar, sería la única fuerza institutiva con base legal que tiene el pueblo para reclamar sus derechos civiles y por lo tanto, de conseguir realmente políticas sociales tal y como sucede en otros países donde existen sistemas sindicales más sanos. ¡Investiga y compruébalo tu mism@!

miércoles, 27 de julio de 2011

L cara oscura de los sindicatos españoles (3ª parte)

Y si con la concertación no se ha conseguido mucho, ¿porqué se mantiene?

A modo de conclusión, será interesante preguntar porqué los gentes sociales insisten en persEguir la concertación social cuando ofrece resultados tan limitados.

En primer lugar, tal y como hemos visto, tanto los líderes de los sindicatos como los de la patronal se encuentran en una situación de dependecia respecto al Estado. La concertación social les permite consolidar su posición y poder relativo frente al gobierno de turno, y reclamar la participación en determinados procesos políticos (como por ejemplo, reforma en los regímenes de contratación), o la misma gestión de algunas políticas (como la referente a la formación continua, como por ejemplo).

Sus frecuentes demandas al gobierno en el sentido de que se respete su autonomía les proporciona argumentos para justificar los recursos materiales que reciben del estado, bajo el entendimiento de que de otra forma pueden dificultar la acción del gobierno (por medio de manifestaciones, huelgas, polémicas políticas, etc.) sinó cuenta con ellos o intenta recortar sus recursos materiales o privilegios institucionales.

A la vez, la participción habitual de los agentes sociales en los procesos de concertación social se ha convertido en un ritual político que ya por sí mismo legitima a estos actores (y de paso, la cesión de recursos públicos y privilegios que reciben del Estado) frente a los trabajadores, el gobierno y la sociedad en su conjunto.

Por muy paradójico que parezca, el mero hecho de participar de forma reguar en acuerdos tan poco fructíferos puede servir para aumentar la legitimidad de quienes participan en ellos. La gran mayoría de la pblación española desconoce totalmente lo que hacen los agentes sociales en otros paises, por lo que puede facilmente llegar a la conclusión de que lo que hacen sociales españoles es lo normal o lo que cabe esperar de ellos.

Así, el proceso de firmar aucerdos y de hacerse una foto con los miembros del gobierno se ha convertido en lo que la sociología neoinstitucional llama un “mito racionalizado” según el cual se sobreentiende que hay una serie de problemas políticos y económicos que deben solucionarse con estos procedimientos (aunque el echo de que no solucionen mucho es otro asunto).

Este mito se convierte en un poderoso recurso para todos los participantes que nos ayuda a entender por qué los agentes sociales persisten en emprender la concertación social año tras año sin conseguir resultados evientes: sencillamente, tal como nos muestra la socioogía de las organizaciones, el echo de participar en el proceso es, en gran medida, el principal objetivo de los agentes sociales.

Macionis, John – Plummer, Ken, Sociología 3ª Edición, de Prentice Hall.

Como podemos deducir tras leerel artículo, lo que se debe hacer bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que los sindicatos fueron creados para funcionar de forma transitoria hace 40 años, es exigir la creación de un nuevo sindicato monopolizador o de muchos descentralizados que dependan directamente de los ciudadanos afiliados y que engloben todos los convenios laborales. Debemos dejar atrás lo que Franco nos dejó en herencia y empezar a plantearnos que, si en España el único papel de los sindicatos es depender del estado a toda costa, debemos, no cambiarlos, sinó crear nuevos modelos (ya existentes en el resto de Europa).
Saludos! :)

La cara oscura de los sindicatos españoles (2ª parte)

¿Porqué consigue tan poco la concertación social?

Los análisis de los proceso de concertación social en Europa durante las últimas décadas del siglo XX sostienen que su éxito depende de la capacidad de las organizaciones patronales y sindicales para llevar a la práctica los compromisas adquiridos. Dicha capacidad parece ser mayor cuando, primero, estas oganizaciones ejercen un cuasimonopolio como representantes de los empresarios o trabajadores y, segundo, hay un alto grado de articulación en los procesos de toma de decisiones (o sea, cuando a través de procedimientos democráticos, los líderes consiguen el respaldo de sus bases a los acuerdos alcanzados).

Si observamos el contexto español, vemos que ninguno de estos requisitos parece cumplirse. Respecto al monopolio representativo, el movimiento sindical español se caracteriza por la competencia entre CCOO y UGT (además de otras organizaciones con una presencia menor) en la representación de los trabajadores. Esto significa que cualquier desacuerdo entre las cúpulas de las dos organizaciones puede mermar incluso para los procesos de concertación social.

Y si bien es cierto que el estado reconoce a la CEOE un monopolio representativo sobre los empresarios, no hay ningún dato público sobre las tasas de afiliación a la patronal, y es notorio el débil respaldo que tiene esta organización entre muchos sectores del empresariado.

El dudoso representativo de la CEOE genera importantes retos para la coordinación entre la cúpula y su base. Las patronales intersectoriales del norte y centro de europa trabajan estrechamente con las organizaciones sociales y las empresas más impotantes de cada sector para alcanzar acuerdos sobre las políticas salariaes e industriales, sus necesidades formativas y sus prioridades en cuestiones relacionadas con las normativas laborales y regulatorias, lo que sirve para profundizar en el diálogo social con los sindicatos y los gobiernos.

La CEOE en cambio, dificilmente puede formular reivindicaciones que vayan más allá de ciertos mínimos porque carece de información detallada sobre las necesidades competitivas de los empresarios en su conjunto. Puede disfrutar de un monopolio representativo en sentido formal, pero su capacidad de consensuar y, así, representar intereses es relativamente limitada.

En el caso de los trabajadores, los problemas de coordinación son aún más graves. Un sindicato puede paticipar en el diálogo social a nivel estatal cuando ha conseguido, como mínimo el 10% de los delegados sindicales a nivel nacional. Sin embargo, los comités de empresa formados por estos delegados son legalmente independientes de los sindicatos y pueden negociar acuerdos sobre muchas materias (como los salarios) en contra de las directrices de los sindicatos. Por lo tanto, los miembros de lso comités de empresa suelen ser más sensibles a las prioridades de los trabajadores en el centro de trabajo que las cúpulas sindicales; esto es, representan a sus compañeros antes que a los sindicatos bajo cuyas siglas ganaron las elecciones.


¿Cómo es, entonces, que no han pdido superar estas limitaciones?

La teoría de dependencia de recursos nos ofrece una espuesta a esta pregunta. Según esta teoría, las organizaciones tienen como primer objetivo sobrevivir, lo que les obliga a buscar recursos necesarios que les permita hacerlo. Esta búsqueda genera dependencias respecto a otras entidades según la importancia de los recursos que estas últimas brindan, y cuanto más dificil es conseguir este recurso por otro medio, tanto más dependencia hay por parte de la primera oganización respecto a la otra.

En el caso español, tanto los sindicatos como la patronal dependen de recursos materiales e institucionales del estado par SOBREVIVIR. Las tasas de afiliación de estas organizciones son muy bajas y también lo son las cuotas que recaudan de sus afiliados. Como consecuencia, su capacidad para mantener sus estructuras burocráticas depende en gran medida de las subvenciones directas e indirectas que reciben del Estado (cesiones de propiedades inmobiliarias, control sobre fondos europeos y españoles para la formación contínua, etc.).

El Estado ofrece estas ayudas al reconocer a estas organizaciones como las “más representativas”, lo que les garantiza ciertos privilegios instituciones importantes, como el poder de negociar la gran mayoría de los convenios colectivos, sectoriales y su participación en el diálogo social.

Esta dependencia de las organizaciones “mas representativas” respecto al estado genera una dependencia paralela respecto a sus bases, de la que no han sido capaces de desprenderse. Tal y como explicamos, los sindicatos consiguen el recurso primordial de reconocimiento oficial gracias al número de candidatos “suyos” que consiguen ganar las elecciones periodicas para los comités de empresa. Sin embargo, dada la independencia legal de los comités respecto a los sindicatos, los delegados no deben sus cargos al sindicato sinó a sus compañeros, por lo que suelen hacer oidos sordos al sindicato cuando sus directrices van en contra de la voluntad de estos.

De la misma forma aunque la CEOE nunca haya tenido que avalar con datos su estatus oficial de la organización más representativa, sus dirigentes deben proceder con mucha cautela a la hora de neutralizar posibles resisencias de sus afiliados para hacer respetar los acuerdos alcanzados con los sindicatos, puesto que, de otro modo, los empresarios insatisfechos podrían crear organizaciones patronales alternativas y poner en cuestión el estatus oficial actual de la CEOE como la organización que monopoliza la representación de los intereses de los empresarios.

Vale la pena apuntar que estas dependencias surgieron gracias a la debilidad del tejido organizativo de la sociedad española después d 40 años de dictadura. Recordemos que la transición a la democracia tuvo luvar en medio de una grave crisis económica que provocó un alto conflicto laboral. Dada la debilidad organizativa de los sindicatos y la patronal en aquél entonces, fue imposible conseguir datos fiables sobre sus tasas de afiliación, por lo que el gobierno de la UCD accedió al recurso del reconocimiento oficial como organizaciones más representativas para intentar consensuar con aquellas salidas para paliar la crisis. Este reconocimiento, considerado en su momento como un paso transitorio, dio lugar enseguida a las dependencias de recursos que hemos descrito aquí, dependencias que hasta la fecha han imposibilitado una mayor autonomía de estas organizaciones, y así, una concertación social más eficaz.

miércoles, 15 de junio de 2011

Porqué debemos destruír los sindicatos y crear uno, ÚNICO e independiente (...o en su defecto, muchos y descentralizados).

La idea de que los sindicatos están ahí para proteger los derechos de los trabajadores, debatir acuerdos con los empresarios e interponerse entre las medidas laborales que propone el gobierno (siempre dadas a la necesaria negociación por soler cogerse no un dedo pero sí un brazo) es, en teoría, una realidad. Algunos incluso tendremos algún colega sindicalista,  luchador nato, con una necesidad moral apabullante de hacer valer sus derechos y los de sus compatriotas que, diligentemente, ha convertido la actividad sindical en una parte de sus quehaceres rutinarios. 

Según la RAE, un sindicato es: 

1. m. Asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros.

 2. m. Junta de síndicos.

 (según la RAE la palabra "síndicos" no existe).



Entonces, ¿qué es lo que falla?

La mayoría de nosotros (o al menos yo tengo la mala costumbre), solemos hacernos ideas preconcebidas de cómo són o funcionan las cosas a partir de un esquema simplificado de datos. O lo que vendría a ser lo mismo: "Yo con una definicón me conformo", y no tenemos en cuenta que, al igual que la putería de la letra pequeña al pedir la hipoteca, muchos temas tediosos o dados por supuestos en la vida diaria tienen poco que ver con lo que realmente creemos que deberían ser. 
Tengo la suerte de estudiar Sociología, una carrera que, por el simple hecho de formarse recomiendo a todo el mundo, pues trata, ni más ni menos, de los entresijos básicos (o letras pequeñas) que podemos encontrar en pácticamente todos los ámbitos sociales. Pero este no viene siendo el tema. La cuestión es que me llamó la atención llegar al apartado del libro que explicaba el sindicalismo, y en especial, a aquel párrafo notablemente más denso que los demás que trataba específicamente el tema de cómo funcionaba el tinglado (pues si seguís leyendo entenderéis que no puede tener otro nombre) en España. 

La cosa decía así: 

Anres de tener en cuenta el sindicalismo, se debe saber qué es la concertación social:  

 "acuerdos a los que llegan el gobierno, los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales con el objetivo de garantizar el crecimiento económico, controlando la inflación y garantizando la paz laboral".  La concertación social implica un intercambio político a través del cual los sindicatos se comprometen a moderar sus reivindicaciones salariales y limitar el conflicto laboral a cambio de mayores garantías y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO E INVERSIONES PÚBLICAS, sobretodo GASTO SOCIAL".

Qué pasa:

La gracia de la globalización, el mercado internacional y la idea de que se debe reforzar la competitividad de las empresas ha echo que en los últimos años, los sindicatos se centren en formular mecanismos para reforzar estos valores. La idea es que el país en sí se integre de la forma más competitiva en Europa (qué bonitas son las palabras). 

Ahora bien:

¿En qué se basa la competitividad?

Según nos vuelve a mostrar la RAE: 

1. Capacidad de competir
2. Rivalidad para la consecución de un fin (o lo que es lo mismo, el todo vale).

Si aplicamos la palabra "competitividad"(o el todo vale) a un ámbito global, y más concretamente mercantilista, no nos debería sorprender la existencia de mano de obra esclavizada y barata, así como las explotaciones de zonas tercermundistas ricas en recursos para saciar la sed capitalista occidental.


Pero no nos asustemos, que esto es sólo el principio.

"El recurso a la concertación social en España resulta curioso desde la óptica de la sociología de las organizaciones, ya que los agentes sociales que han participado en ella parecen carecer de las condiciones que les permitirían llevar a cabo dicho proceso con éxito" (extraído directamente de mi libro didáctico) y ahora explicaremos el porqué. 


Un poquito de HISTORIA


Desde 1979 a 1986, LOS SINDICATOS UGT y CCOO y la patronal CEOE firmaron una serie de acuerdos (aunque CCOO se negó a firmar algunos) con el objetivo de frenar la inflación, restaurar la competitividad de las empresas y la economía española en su conjunto, y minimizar la pérdida de empleo ocasionada por la grave crisis económica que acechaba el país a causa de los aumentos del precio del petróleo en 1973 y 1979.

Los aumentos salariales que resultaron de estos pactos no variaron sustancialmente de año en año, independientemente de que CCOO participara o no, o incluso de que se llegaran a alcanzar o no acuerdos de este tipo. Este dato nos sugiere más bien el decreciente poder de negociación de los trabajadores, pero no los acuerdos a los que llegaron las organizaciones sindicales y patronales, lo que determinó las variaciones salariales durante estos años.

A partir del año 2000, los agentes sociales volvieron a firmar un pacto global sobre los salarios. Esta nueva ronda anual de concertación sobre las rentas se ha mantenido en vigor hasta la fecha, estos se presentan con un objetivo menos ambicioso: ser un punto de referencia para los negociadores en sus respectivas mesas en vez de compromisos de obligatorio cumplimiento. Tal y como nos muestran análisis econométricos de los datos oficiales, es el ciclo económico y no los acuerdos, o la ausencia de acuerdos entre las organizaciónes sindicales y patronales y el gobierno lo que ha determinado el crecimiento de la masa salarial en España en los últimos años.

Si extendemos nuestro análisis de los resultados de la concertación social más allá de los salarios, vemos que la historia no cambia mucho. Respecto a las políticas sociales e industriales, tanto gobiernos de derechas como de izquierdas incumplieron en gran medida las inversiones que prometieron en los pactos de los años 80'. Y respecto a la regulación del mercado de trabajo, la reformas más impotantes en este sentido han sido introducidas, por lo general, por ley, y sin previo acuerdo con sindicatos y empresarios.

En el verano de 2006, los agentes sociales alcanzaron un acuerdo para reducir las altas tasas de precarierdad en el mercado de trabajo. El gran eco que tuvo este acuerdo en los medios de comunicación fue una repetición del del ruido provocado por otro acuerdo alcanzado en 1997. Este primero también buscó reducir la tasa de precariedad a través de incentivos financieros para las empresas (asumidos por el primer gobierno del PP) y restricciones sobre los supuestos permitidos para la contratación temporal. El mismo acuerdo también incluyó un compromiso para mejorar la coordinación entre distintos convenios colectivos a través de la organización de cada sector económico en torno a un convenio de marco estatal.

Los resultados del acuerdo de 1997 fueron, sin embargo, bastante magros, y la tasa de precariedad laboral en España seguía igual 9 años más tarde. Casi ningún experto en derecho laboral ha augurado resultados más halagüeños para la nueva reforma del 2006. A pesar de la pobreza de los resultados materiales y institucionales alcanzados por la concertación social en España, algunos analistas insisten en que los primeros pactos alcanzados tuvieron un impacto político crucial, al proyectar una imagen de estabilidad social durante los dificiles años de la transición a la democracia.

Si bien es cierto que CCOO volvió a participar en la concertación social, después del fracasado golpe de estado del 23 de febrero de 1981, también es verdad que los pactos generaron bastante malestar entre los sindicatos minoritarios, excluídos, y no evitaron contínuos y muy duros conflictos ente los dos sindicatos principales durante todo este periodo.

De todos modos, si en alguna medida podemos pensar que los beneficios simbólicos de la concertación social en la década de los 80 vinieron a compensar las limitaciones comentadas, nos queda por explicar la falta de resutados de la actual etapa de concertaión, durante la cual no existen motivos para pensar que el ámbito del trabajo y las relaciones laborales pueden amenazar al sistema político. La sociología de las organizaciones nos puede ayudar a entender tanto el limitado alcance de la concertación social en España, como la frecuencia con que los agentes sociales y gobiernos de distintos colores promueven estos acuerdos.


¡NO CREÁIS QUE ESTO ACABA AQUÍ, SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG. PRONTO MÁS Y MEJOR (sobre el mismo tema, para no perder el hilo)!










 

miércoles, 13 de abril de 2011

Lo que he dicho y LO QUE QUIERO DECIR...(si vas a votar (o no), necesitas saber esto...)



  • Votar en blanco no sirve de nada, es practicamente como no votar.
  • Votar en las grandes ciudades no tiene la misma representación que votar en los pueblos (un voto de Burgos al igual vale como 5 de Madrid).
  • Los partidos pequeños no tienen nada que hacer, a no ser que crezcan considerablemente.
  • Es un sistema injusto decantado hacia la derecha.
  • Esto es así porque durante la Transición, al haber una izquierda tan radical se quisieron compensar las ideologías (después de 35 años, no tiene ningún sentido que siga este sistema).
  • PSOE y PP pueden estar tranquilos en su púlpito, pues los demás partidos no le suponen ninguna amenaza.
  • El sistema D'Hondt sólo sirve para que el BIPARTIDISMO siga en la política.
  • El reparto de 2 escaños de base en cada provincia es absurdo, favoreciendo totalmente a la derecha y a los pueblos pequeños frente a los grandes (que por otra parte presentan más oportunidades de que partidos con menos votos obtengan algún tipo de representación).
  • En los pueblos pequeños se favorece a la derecha porque en los ambientes rurales suele salir elegido el PP.
  •  En los pueblos pequeños, con la actual fórmula D'Hondt, en los pocos escaños que tienen siempre saldrán representados los partidos mayoritarios.
  • En España hay unos 8.110 municipios de los que tan sólo 29 superan los 200.000 habitantes.

Resumiendo, como no podría ser menos y vamos viendo cada vez más a menudo, nuestro país es corrupto, está manipulado y además nosotros lo permitimos. ¡DESPIERTA! ¡TOMA LA CALLE! (ES NECESARIO).

¿Qué votamos?


¿Qué votamos?

Como venimos escuchando en los medios desde hace varias semanas (y las que nos quedan), el próximo 22 de mayo son las elecciones autonómicas y municipales.
Tal y como están las cosas, algunos nos preguntamos ¿a quién voy a votar? O lo que es más triste ¿para qué voy a votar? Todos los partidos se ponen de acuerdo al unísono en la importancia que tiene el voto útil y nos abruman continuamente con frases parecidas a: ¡es necesario que votéis! ¡sea a quién sea votad!

Estos típicos comentarios en vísperas electorales suelen generar desconfianza y dan a pensar que, se vote a quién se vote, ellos siempre tienden a sacar beneficio. Muchas de las personas que acudimos (o no) a las urnas desconocemos realmente la importancia que tiene votar y cuál es su utilidad real. Según Dahl (1988), un orden político será democrático siempre y cuando cumpla dos premisas fundamentales: a) que cada miembro tenga derecho a ser tratado y considerado en igualdad de condiciones y b) que todas las opiniones de los ciudadanos sean igualmente válidas.

Centrándonos en la segunda, la toma de decisiones de la ciudadanía debe satisfacer el principio de: “una persona, un voto”. Este concepto visto desde el enfoque teórico es muy sugerente y tiende a crear un sentimiento positivo, pero aún así sospechamos que algo no funciona como debería ¿cómo se aplica esto en el caso de las elecciones estatales? ¿realmente todos los votos tienen la misma representación?

En nuestro sistema democrático, como todos sabemos, prima el bipartidismo, esto es, la mayor parte de los votos quedan repartidos entre dos partidos. Es obvio a simple vista que la causa principal es que los ciudadanos han decidido votarlos en mayoría. Pero si nos centramos en las elecciones estatales, es necesario preguntarse qué criterio se escoge para el reparto de los votos entre los escaños disponibles para cada partido. Esta asignación se realiza a partir del sistema D'Hont. Que, aunque pueda parecer por el nombre una fórmula complicadísima, es muy simple de aplicar.

El sistema D'Hont consiste en dividir el total del número de votos que hayan conseguido los partidos entre los escaños a repartir en una circunscripción pero con cierta particularidad. Pues por ejemplo, si los escaños que debiéramos repartir fueran 5, tendríamos que dividir el número total de votos de cada partido entre 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Estos cálculos nos mostrarán cómo se hará a continuación la repartición, pues los escaños elegidos serán siempre las divisiones que hayan conseguido las 5 mayores puntuaciones.



Partido A
Partido B
Partido C
Partido D
Partido E
Escaños
Votos
500.000
300.000
200.000
100.000
50.000
División

500.000
300.000
200.000
100.000
50.000
/1

250000
150.000
100.000
50.000
25.000
/2

166.667
100.000
66.667
33.333
16.667
/3

125.000
75.000
50.000
25.000
12.500
/4

100.000
60.000
40.000
20.000
10.000
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Como podemos ver, 3 de los escaños corresponden al partido A, 1 escaño al B y otro al C. Los partidos D y E no han conseguido en cambio ninguna representación. Además debemos tener en cuenta que el voto en blanco no tiene ningún tipo de cabida en este sistema ya que solo se aplica la fórmula electoral a candidaturas (que superen la barrera del 3%), es decir, por mucho que se compute como voto útil, a la hora del recuento no se contabiliza.

No podemos afirmar que sea un sistema bastante desproporcional en cuanto a que, al fin y al cabo, se representan la totalidad de los votos (menos los en blanco). Las candidaturas tienen que superar una barrera electoral del 3 %, por lo que hay muchos votos que no tienen representación, ya sea por no superar esa barrera o porque, superándola no consiguen ningún diputado. Así pues, se puede afirmar que la Ley D'hondt favorece claramente a los partidos mayoritarios.

El problema real nace cuando, en el caso estatal, todos los escaños que existen se deben repartir entre las circunscripciones, que en el caso de España son las provincias. Así pues, las provincias que tengan pocos escaños siempre estarán representadas por los dos partidos mayoritarios.

Por si nos parecía poco proporcional, aún surge otro inconveniente en el reparto En el sistema electoral que se aplica en España siempre se dan dos escaños de prorrateo a cada provincia, es decir, antes de empezar el recuento de votos todas las circunscripciones ya tienen dos escaños de base. Esto supone que, en las provincias menos pobladas, además de tener escaños principalmente de los partidos mayoritarios, un voto computa más que en aquellas donde la población es mayor.

Así pues, el voto de un ciudadano de Madrid, por ejemplo, computa menos que uno de Burgos, dado que en esta última circunscripción hay menos población y por lo tanto, eligen los escaños entre menos votantes quedando subestimados muchos votos madrileños. A su vez, Madrid al igual que otras provincias españolas con gran número de habitantes, es donde más favorecido se puede ver el voto a los partidos minoritarios en el caso de elecciones estatales, pues a mayor proporción de población, más heterogeneidad de voto útil.

Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿Cuán proporcional es nuestro sistema electoral? La fórmula D'Hont favorece, concretamente en el caso español, a que haya una desproporcionalidad del 14%. Aunque nos sorprenda, esta no es la única característica injusta de nuestro sistema de elecciones, pues hay más, interesantes y dignas de conocer que no se tratan aquí por falta de espacio.

Debemos plantearnos seriamente cómo votamos y a quién votamos. A quién favorecemos o perjudicamos con nuestra decisión. Pues, si realmente pretendemos modificar este bucle bipartidista en el que estamos sumergidos debemos informarnos, difundir esa información y así intentar despertar la conciencia colectiva.

No hay inversión más rentable que la del conocimiento” Benjamin Franklin.