No es raro encontrar en cada español la sensación de que los políticos de nuestro país no llegan a ser demasiado honestos. Sin ir más lejos, la última encuesta del CIS publicada en setiembre nos muestra que para los españoles, la clase política y los partidos son el tercer problema relevante del país después del paro y las cuestiones económicas. Cabe preguntarse pues, si ésa es la concepción que tiene la sociedad sobre sus representantes, ¿porqué sigue manteniéndose el mismo tipo de sistema?
Por mucho que nos pese, este hecho forma parte de la cultura de los españoles y no es difícil encontrar a lo largo de la historia anécdotas sobre esta característica. Que España no se hundiera en la miseria dependió prácticamente de su influencia en la conquista de América, suena duro, suena simple, pero esas son las conclusiones a las que acaban llegando la mayoría de historiadores. Influencia que acabó perdiendo por otra parte al no poder gestionar, por la magnitud del territorio, el continente americano.
Para entonces en españolito de a pie ya se sentía orgulloso de su nación, dando paso a los Hidalgos de Castilla unos siglos más tarde. Estos señores se aferraban a los títulos nobiliarios que habían conseguido a través de favores con la nobleza o gobernantes, y los mantenían a capa y espada así como lo intentaban con su estatus, aunque no tuvieran pedazo de pan duro que llevarse a la boca.
Pero no hace falta irse tan lejos, no era de extrañar encontrarse a principios del S.XX con el caciquismo en los campos españoles. Los caciques eran los “señores” amigos de los señores que en ocasión eran amigos de los grandes señores. Éstos por un sueldo se encargaban de mantener en vereda a los campesinos: custodiaban los campos, se llevaban las cosechas a modo de impuesto y arancel y coaccionaban o amenazaban para facilitar el llamado “voto desde arriba”. Esto es, aunque la población tuviera cierto derecho a votar, de su voto dependía hundirse en la miseria, quedarse sin campos o recibir los merecidos físicos “pertinentes”. Ellos colocaban a los alcaldes y controlaban la justicia así como demás funcionarios públicos. Su misión a parte de controlar las tierras era la de conseguir que los candidatos a ministro resultaran elegidos en las elecciones, por lo que tenían la proteccion de los gobernadores civiles, la justicia y demás órganos públicos de poder. Por algo se les llegaría a llamar “El partido de la porra”.
Hoy en día, aunque cubierto por el tupido velo de la democracia no ha cambiado demasiado el escenario. No es difícil encontrar ramificaciones familiares en todos los ambientes políticos españoles y por ende, europeos, así como relaciones política-bancarias de amistad. La burocracia imperfecta del país funciona en este caso a la perfección, dándonos un total de unos 80.000 políticos activos. Por si fuera poco, no hay ninguna institución española que se encargue de precisar el número de los que cobran del estado sin estarlo. Para ser más gráficos y amenos vamos a mostrar unos cuantos datos extraídos del libro “El chollo de la casta política en España”, de Daniel Montero que, sin duda, dejaría sin habla a más de uno.
Según el autor, mientras un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias de unos 74.000 euros que además no són incompatibles con otros sueldos de la administración o actividades económicas. Un diputado o Senador sólo tiene que ejercer durante 7 años para cobrar la pensión máxima, mientras que un español tiene que cotizar un mínimo de 35. Además hacienda sólo les retiene un 4,5 % de la nómina.
Por si fuera poco, somos los españoles los que pagamos las multas (y con recargo) que el DGT les pone, así como viajes de ocio alegando excusas, como por ejemplo, el viaje que pidió el Congreso para que 60 diputados viajaran a canarias cuatro días para “estudiar el cultuvo del plátano”. Por otra parte, Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales y viaja con 100 personas durante tres semanas, como un marahá.
Jose María Aznar es el único expresidente del gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio de sentarse en el Consejo de Estado (74.000 € anuales), nómina que quiso sumar a la del ejecutivo Robert Murdoch y le fue denegada. Aún así salió beneficiado optando por un sueldo de 220.000 euros al año (tres veces más de lo que cobraba como presidente) sin contar otras actividades públicas o privadas.
Disponen de 5.000.000 de euros al año para utilizar aviones, trenes o barcos del Estado a su antojo. No tienen límite para el gasto en comidas de representación ni fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava.
Por esto y por mucho más no podemos sentirnos culpables ni causantes de la crisis, porque hemos comprado aquello que nos han querido vender y ellos son los menos austeros. Aún así, no podemos olvidar que hemos sido nosotros los que lo hemos permitido.
